La margen derecha del Río Mendoza es una de las zonas más deseadas y frágiles del oasis norte de la provincia. No hay agua superficial y todo depende del acuífero subterráneo, es decir de la subcuenca El Carrizal. Por la sobreexplotación, la crisis hídrica y la tendencia decreciente prevista por el cambio climático, en la década del 90 se determinó una prohibición para el acceso a través de nuevas perforaciones que no sean por sustitución. En 2010 se generó un escándalo porque tras advertir que había una posibilidad de abrir un acceso restringido, un grupo de empresas accedieron a 20 pozos de agua de manera irregular: formaron una organización intermedia que solo funcionó para acceder al agua y quedar priorizados de manera irregular por sobre otros 84 pedidos que había. Se saltaron la fila., con asesoramiento de integrantes de Irrigación. Así, a través de ese mecanismo obtuvieron los pozos, desarrollaron mega emprendimientos vitivinícolas, inmobiliarios y turísticos aún cuando Irrigación había ordenado cegar los pozos. A través de medidas cautelares, esas empresas pudieron seguir accediendo al agua mientras la Suprema Corte "durmió" las causas en las que debe decidir si le da la razón a Irrigación (y se cierran los pozos) o lo desautoriza.
Luego de ese escándalo, hubo varios planes de reordenamiento. Pero las restricciones se mantuvieron por la fragilidad del acuífero. El año pasado ocurrió lo mismo, donde se mantuvo la prohibición por dos años para perforar pozos que sumen volumen de extracción del acuífero. Este año se autorizaron las perforaciones en "reemplazo" de otras no ejecutadas y se desató la polémica política que, entre otras cosas, generó un pedido de Jury contra Sergio Marinelli.
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