Comunicado de Repudio a la Derogación de Legislaciones sobre Tierras

 

Comunicado de Repudio a la Derogación de Legislaciones sobre Tierras

Mendoza 10 de diciembre del 2024

Desde la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, manifestamos nuestro más enérgico repudio a la reciente decisión, del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, de derogar por DNU el decreto 805/2021 que prorroga la Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Comunidades Originarias, referido a la Ley 26.160, 

Art. 1º “Declárese la Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes”. 

Art. 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el Art. 1º”

Sancionada: Noviembre 1 de 2006. Promulgada: Noviembre 23 de 2006

Prorrogada por Decreto Nº 805/2021. Según dice: B.O. 18/11/2021, se prorroga el plazo establecido en el presente artículo hasta el 23 de diciembre de 2025 art. 1º y art. 2º.

 Esta derogación es una acción que consideramos profundamente regresiva y perjudicial para la Soberanía, el Ambiente y las Comunidades Nativas que con su cosmovisión protegen la tierra que habitan. En perjuicio de los propios para y a favor de los extranjeros.  

Rechazamos esta medida porque:

1. Atenta contra los derechos de las comunidades indígenas y rurales: La derogación del Decreto Nº 805/2021, pone en peligro los territorios de comunidades originarias, campesinas y pequeños productores, quienes dependen de estas tierras para su sustento, cultura e identidad.

2. Favorece la explotación desmedida y destructiva del medio ambiente: Esta decisión abre las puertas al avance indiscriminado de actividades extractivistas, como la megaminería, el fracking, el monocultivo, expansión inmobiliaria, generando daños irreparables a los ecosistemas y reduciendo la biodiversidad.

3. Vulnera compromisos internacionales: Argentina ha asumido acuerdos en defensa del medio ambiente, los derechos humanos y los pueblos indígenas. Esta medida constituye un claro retroceso frente a esos compromisos y daña nuestra imagen a nivel global. Como así el Acuerdo de Escazú, al que argentina adhirió con la Ley 27.566.

4. Desoye las voces del pueblo: Esta derogación se ha llevado a cabo sin consulta ni participación de los sectores directamente afectados, ignorando la legitimidad de sus demandas y derechos constitucionales. La Ley 23.302/ 1985 que crea el “Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”. El art. 69 de la OIT de consulta previa e informada.

Exigimos al gobierno nacional:

La inmediata revocación de la medida.

La implementación de políticas públicas que garanticen la protección de las tierras y los derechos de las comunidades.

La apertura de instancias de diálogo democrático con los sectores afectados.

Hacemos un llamado a toda la ciudadanía, organizaciones sociales y políticas a mantenerse alerta y movilizarse en defensa de nuestras tierras y nuestro futuro común.

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