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Informe especial
Avance ilegal del fracking en Mendoza: la sumisión del Poder Judicial al cornejismo y el rol cómplice del periodismo
La cooptación total del Poder Judicial y la sumisión del periodismo de Mendoza son dos de las espadas con que el gobierno de Alfredo Cornejo, y de Rodolfo Suarez después, pelean la batalla por el avance del fracking violando leyes y regulaciones.
Esa es una de las conclusiones de un informe de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas titulado "Los caminos judiciales del fracking" difundido días atrás en sus redes.
El reporte es lapidario con el rol de la justicia, la Fiscalía de Estado y el Departamento General de Irrigación, sometidos al yugo del poder cornejista, que desde 2017 y en los últimos años permitió el avance de esta técnica sotto voce, sin las debidas audiencias públicas, desestimando acciones judiciales y violando leyes locales, nacionales e internacionales.
Sobre la autorización del fracking, puntualiza que Cornejo avanzó en silencio a sabiendas de que tendría gran resistencia social -demostrada en diciembre de 2019 cuando se quiso modificar la Ley 7722- y que desde entonces ese ha sido el procedimiento.
"El Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza autorizó la inyección de 2 millones de litros de agua (2.000 m3), en el ámbito de un supuesto procedimiento experimental y violando la legislación local, sin audiencia pública, ni declaración de impacto ambiental. La autorización también violó la Constitución Nacional, los Tratados internacionales sobre derechos humanos, especialmente los referentes a las Comunidades indígenas sin garantizar el consentimiento y la consulta libre, previa e informada", denuncian los abogados.
El informe analiza las demandas judiciales emprendidas contra la comisión de delitos ambientales por parte del Ejecutivo, entre ellas, la acción de amparo y medida cautelar de la Federación Argentina De Espeleología (FADE) contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza y el Departamento General de Irrigación diez días después de conocerse -en julio de 2017- que Cornejo había dado el ok a la empresa El Trébol, de Vila-Manzano, para hacer fracking.
También abunda en el trabajo de los equipos legales de organizaciones de la sociedad civil como FARN, OIKOS Red Ambiental y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, quienes han interpuesto ante juzgados provinciales de primera instancia, cámaras de apelaciones y la Suprema Corte de Mendoza por violaciones a la normativa constitucional ambiental.
En el caso de la AAAA la denuncia penal es contra Alfredo Cornejo, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance y la directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany.
"Los denunciados aprobaron en menos de una semana el hasta hoy desconocido y universalmente cuestionado procedimiento de Fracking de cuatro pozos; y lo que no es menos vergonzoso, al día siguiente (27 de Julio de 2017) El TREBOL S.A. inició , ejecutó, puso en marcha el proceso de fracturación hidráulica en las propias narices de un conjunto de inusuales invitados entre quienes estaban casualmente el Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, don Humberto Mingorance y la Directora de Protección Ambiental suscriptora de la generosa Resolución No 813, doña Miriam Skalany”, indica el informe.
El rol cómplice del periodismo
Tal como ocurrió con la pueblada del agua en diciembre de 2019, la cobertura del avance del fracking y sus consecuencias fue solapada o puso el foco en la versión del Gobierno, que promociona constantemente los supuestos beneficios de las inversiones que harán las empresas petroleras.
El daño ambiental, la ilegalidad de los procesos y la rebaja de regalías por decreto no son temas que ocupen las portadas.
Así lo apunta la asociación de abogados:
"Para habilitar la explotación de hidrocarburos no convencionales el gobierno provincial apeló a cuatro mecanismos: a) el hecho consumado; b) atacar el andamiaje normativo municipal; c) flexibilizar la legislación ambiental, apoyados fundamentalmente por un sector del periodismo fuertemente relacionado al gobierno provincial y de parte de la justicia; y d) la violación explícita de derechos humanos constitucionales y convencionales".
Avasallamiento del poder judicial
La cooptación total del Poder Judicial por parte del cornejismo ha quedado en evidencia no sólo en los miembros de la Suprema Corte -sólo la Sala penal permanece con autonomía- sino también en los fiscales que responden y en la persecución a todos los que se opongan a las políticas emanadas desde el Ejecutivo, no sólo ambientales sino laborales y de ajuste.
Son constantes las imputaciones a quienes protestan en las calles, a sindicalistas, a miembros de la oposición y en ese sentido no se han quedado afuera los militantes ambientalistas y los vecinos que han reclamado por sus derechos o la supresión de leyes de cuidado ambiental.
Aún transitan los pasillos de tribunales muchos referentes de las asambleas por el agua que se mezclaron en la multitud en diciembre de 2019 en defensa del agua.
En esos días fue tal el despliegue represivo -Suarez mandó a Infantería a reprimir a miles de vecinos el 23 de diciembre frente a Casa de Gobierno- que hasta mandaron peritos policiales a inspeccionar un mural callejero ejecutado por el colectivo "Arte por el Agua", entregando una postal grotesca de Mendoza al mundo.
Sobre este punto, concluye el informe:
"La provincia de Mendoza vive aciagos momentos en relación a la calidadinstitucional y de su misma democracia, afectada por el avasallamiento del poder judicial, el rechazo al imperio de la ley como pilar democrático y la posibilidad de casos de corrupción y de corporativismo de estado en perjuicio de la población de Mendoza".
"El refugio natural ante estos atropellos sería el poder judicial y las leyes, pero el sistema de justicia también ha sido minado por el poder ejecutivo con la connivencia de algunos jueces y juezas, que poseen vínculos estrechos con el poder político de turno. Es imperativo retomar la senda de la gobernanza en lo ambiental y, paralelamente, continuar luchando contra la corrupción, exponiéndola ante el escrutinio público y social. Para ello, es imprescindible el apoyo a la labor de las organizaciones y movimientos sociales, hoy por hoy los últimos baluartes para el sostenimiento de una democracia participativa".
En ese sentido, abre la puerta a demandas internacionales: "Al agotarse las vías recursivas, se abre la vía ante los estrados judiciales internacionales, sin perjuicio de la posibilidad cierta que algunas de las causas abordadas lleguen a buenos resultados en la Suprema Corte de la Provincia o la Corte Suprema de la Nación".
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